La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos revisa la evaluación de los pesticidas

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) está intentado, una vez más, revisar sus métodos para evaluar el riesgo que suponen los pesticidas para las especies que están en peligro de extinción. Este cambio llega después de que los fabricantes de tres insecticidas basados en organofosfatos apremiaran a la agencia a abandonar las estrategias establecidas en 2015.

La EPA utilizaba esa estrategia para evaluar clorpirifos, diazinón y malatión. Durante la recta final del mandato de la administración de Obama, la agencia llegó a la conclusión de que era muy posible que los tres pesticidas afectaran de forma adversa a más de 1.000 especies en peligro de extinción.

Tras este retroceso de las industrias de pesticidas, la EPA propone ahora cambios que afectarían a sus resoluciones. Tradicionalmente la EPA utilizaba el máximo número de usos permitidos que venía especificado en la etiqueta del insecticida. Los fabricantes (de insecticidas) afirman que esta aproximación es demasiado moderada. La EPA propone ahora la evaluación de riesgos en base a los datos de utilización real de pesticidas obtenidos de diversas fuentes. Los grupos de protección del medio ambiente (los grupos ecologistas) argumentan que haciéndolo así se excluiría del análisis a grandes zonas geográficas en donde no hay datos disponibles de uso de pesticidas.

Otra cuestión es la necesidad de la EPA de consultar al Servicio de Pesca y de Vida Salvaje de los Estados Unidos o al Servicio Nacional Marítimo y de Pesca, algo que la agencia debe hacer cuando se encuentra que hay solapamiento entre áreas donde se usa el pesticida y donde se encuentran especies en peligro de extinción. Esta consulta es necesaria para determinar si el pesticida es capaz de dañar especies. Los grupos ecologistas han demandado a la EPA en diferentes ocasiones por no haber iniciado dichas consultas. La reevaluación de cientos de pesticidas está programada para la próxima década, y cada uno de ellos podría afectar a numerosas especies en peligro. Las agencias federales no tienen los recursos necesarios para llevar a cabo los miles de consultas necesarias de forma oportuna.

Bajo el proyecto de ley de agricultura de 2018, el Congreso de los Estados Unidos dirigía la EPA, el Consejo de Calidad Medioambiental, y los Departamentos de Agricultura, Comercio e Interior, con el objetivo de formar un grupo de trabajo interdepartamental que optimizara el proceso. Este grupo, que incluye a los jefes de cada una de las cinco agencias, se juntó por primera vez el 6 de junio de 2019 para discutir las propuestas de la EPA.

Son escasos los detalles que han trascendido tras esta reunión a puerta cerrada. Andrew Wheeler, administrador de la EPA, realizó las siguientes declaraciones el día 6 de junio: “la administración Trump adquiere el compromiso de cumplir importantes responsabilidades en la Ley de Especies en Peligro de Extinción para proteger y promover la recuperación de especies, a la vez que reconoce que los pesticidas son una herramienta crítica para proteger la salud pública, apoyando a nuestros granjeros, y asegurando un abundante suministro de alimentos

La EPA escuchó revisiones encontradas acerca de su propuesta durante la reunión pública del 10 de junio.

“Los métodos revisados de la EPA son un enorme paso atrás”, comentó Brett Hartl, director de asuntos gubernamentales en el grupo de apoyo al medio ambiente Centro para la Diversidad Biológica. Hartl reclamó que la propuesta se desvía de las recomendaciones de la Academia Nacional de Ciencias de 2013. La propuesta igualmente “abandona el trabajo transparente y en colaboración que representaron las primeras evaluaciones biológicas”, comenta, refiriéndose a las evaluaciones de los tres organofosforados llevadas a cabo con el método 2015, más dos evaluaciones adicionales que la agencia nunca lanzó para el carbaril y el metomilo.

La propuesta también limita lo que se considera deriva del pesticida a 792 m (2,600 pies) respecto al campo tratado, y los vertidos a 30 m respecto al sitio tratado. “¿Que ocurre si un polinizador de una planta en peligro de extinción se expone al pesticida y muere, pero la planta está a más de 2,600 pies del campo tratado?” se pregunta Hartl. “Según su enfoque, la EPA va a decir que no hay efecto.”

CropLife America (CLA por sus siglas en inglés), un grupo comercial que representa a la industria de los pesticidas, sostiene que se han de emplear datos de campo reales en las evaluaciones de la EPA, tal y como comentó el 10 de junio Manojit Basu, director administrativo de política científica de CLA. Dichos datos reflejan mucho mejor donde se están usando los pesticidas y que objetivos necesitan una mayor protección, añadió.

La EPA está buscando críticas y opiniones sobre los cambios propuestos hasta el 1 de julio. CropLife America ha solicitado a la agencia que amplíe el período de comentarios en 45 días más dada la complejidad del asunto.